Por: Wilson Ruiz Orejuela

Es claro que la consolidación del proceso de paz, con la concentración de los desmovilizados de las Farc y la entrega de armas por parte de esa organización, no pondrá fin a la violencia en el país. Los agentes generadores de violencia arreciaron su accionar ilegal desde finales del año pasado en busca del control de los territorios que fueron abandonados por las Farc y esa situación ya ha sido denunciada en varias ocasiones, incluso advertida por el propio Ministerio de Defensa.

A pesar de las denuncias, grupos ilegales siguen disputando las zonas dejadas por las Farc y las escenas de víctimas mortales y desplazamiento de colombianos no dejan de ser parte de la realidad nacional.

Son muchas los grupos de delincuencia que buscan apoderarse de esas regiones, puesto que las ven generadoras de riqueza por todas las actividades que allí se desarrollan, muchas de ellas ilegales.

Regiones de explotación minera con grandes yacimientos de piedras y metales preciosos, extensos territorios con cultivos ilícitos y zonas donde se facilita el procesamiento de estupefacientes por la topografía del terreno que evita el acceso de las autoridades, corredores viales para las actividades al margen de la ley, en especial aquellos que son rutas de narcotráfico con salida al pacífico, son muchas de las fuentes de ingreso que buscan organizaciones como las llamadas “Autodefensas Gaitanistas”, el “Clan del Golfo”, antes conocido como “Clan Úsuga”, “Los Puntilleros”, “Los Pelusos” y el propio Ejército de Liberación Nacional, ELN, entre otras bandas de delincuencia organizada.

Los episodios de dolor continúan, aunque ya no esté las Farc como el principal protagonista. Anualmente, según datos del Gobierno Nacional, se registran 12.000 homicidios en Colombia. Siguen vigentes casos de asesinatos de activistas de Derechos Humanos, hechos que se consideraban superados. La Oficina del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que en el 2016 murieron de manera violenta 64 activistas de derechos humanos.

Lo peor de este panorama es que los esfuerzos de las autoridades han sido escasos. El Ministro de Defensa informó que para contrarrestar las acciones delictivas de las organizaciones que quieren apropiarse de esos territorios, fueron movilizados 80.000 miembros de la Fuerza Pública a 160 municipios que anteriormente eran de influencia de las Farc, sin embargo, la violencia se agudiza en regiones como Nariño, el Alto Baudó en el Chocó, Antioquia, Córdoba, Cauca y el Catatumbo en Norte de Santander.

Esta situación fue advertida como una de las consecuencias de la firma del proceso de paz, por eso se necesita de una acción más efectiva por parte del Estado.

Se requiere la presencia de la Fuerza Pública no solo en las cabeceras municipales, también en zonas rurales donde se están registrando los enfrentamientos. Igualmente es necesario activar programas de desarrollo para las zonas que fueron azotadas por los grupos al margen de la ley durante los más de 50 años de conflicto.

No habrá paz si el Estado no hace presencia con su institucionalidad en todo el territorio nacional, brindando seguridad e implementando programas de desarrollo social.

 

Leave a Reply