Por: Wilson Ruiz Orejuela


Algo debe estar pasando con la salud mental de los colombianos. Durante la última década cada año se incrementa el número de delitos sexuales cometidos en su mayoría contra menores de edad. La misma Policía Nacional asegura que mientras las estadísticas de otros delitos como homicidios, hurto a vehículos, secuestro, atracos, se reducen de una manera importante por la acción de las autoridades, el número de abusos sexuales se aumentó.

En promedio cerca de 60 denuncias se presentan diariamente por abusos sexuales en Colombia y según el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de seis mujeres abusadas se registra un caso en el que la víctima es hombre.

Aunque existen varios indicativos que enlazan esta situación con la dinámica de los conflictos sociales sufridos en el país, sicólogos expertos en el tema coinciden que la educación y disciplina impartida en el hogar desde temprana edad, es determinante para el comportamiento social del individuo. Es el hogar la primera escuela para aprender sobre el respeto a los demás y su intimidad.

Consultando varios sicólogos y algunos sociólogos que hicieron aproximaciones para un estudio sobre estos casos, el tema de las agresiones sexuales ha estado muy vinculado con los cuadros de pobreza y los contextos de violencia vividos en el país. Aunque la violencia sexual se presenta en todos los estratos sociales, las estadísticas señalan que es más frecuente en sectores que viven en un ambiente de pobreza extrema, por la vulnerabilidad de las mujeres y de los menores de edad. En muchos de los casos una familia numerosa convive en un espacio reducido, esto propicia violación a la intimidad.

Situaciones como el desplazamiento hacia las principales ciudades del país genera sobrepoblación en los suburbios, sumado a las condiciones inhumanas que muchos llegan a vivir, lo que se constituye en un detonante para el incremento de transgresiones a las normas, entre ellas los abusos sexuales.

Esta situación también podría vivirse con ocasión del posconflicto, según el temor de ciertos sociólogos, por la inminente inmigración a las ciudades que habrá de quienes durante años han estado vinculados de una u otra forma al conflicto colombiano.

Aunque la incertidumbre es aún mayor si se tiene en cuenta que no existen unos estudios serios que determinen si las estadísticas que se manejan con el mayor número de delitos sexuales cometidos en los últimos años obedecen verdaderamente a un incremento en la ocurrencia de los delitos o al aumento de denuncias por la acción de los organismos de seguridad y la divulgación de campañas promoviendo el respeto a los derechos de las mujeres y los niños.

Lo cierto es que faltan estrategias educativas en sectores vulnerables y promover la unión familiar, no solamente para estimular la denuncia de abusos, también para la prevención de los delitos.

Es importante que el Estado intervenga en la prevención de estos casos, con acciones tendientes a proporcionar las necesidades básicas de los sectores más desfavorecidos, para lo cual se requiere inversión social y campañas interinstitucionales para superar las brechas tan marcadas que existen entre una clase socioeconómica y otra.

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