Por Rafael Ballén M.

Colombia ha estado gobernada desde el primer día de su independencia, por un hilo conductor aferrado a tres verbos: excluir-reprimir-exterminar. El verbo más arraigado en el alma de las élites que han gobernando, es excluir: de la tenencia de la tierra, de la educación, del trabajo, de la cultura, de la vivienda, de la participación política, del ingreso nacional y de todos los derechos fundamentales. Si las clases populares y medias reclaman sus derechos legítimos, viene el segundo verbo: reprimir. Se les judicializa, encarcela y tortura. Pero si aun levantan su voz, se les extermina para siempre. Así, se han borrado de la faz de la tierra todas las disidencias, no solo las individuales, sino las colectivas: comunidades y pueblos enteros, sus sueños políticos y culturales han sido exterminados.

Con motivo del proceso de paz con las Farc, las élites dominantes se dividieron. Por eso, solo una parte de colombianos celebramos el hecho histórico inédito de la firma de los acuerdos. La facción de las élites más conservadurista, ultramontana y excluyente, está muerta de odio contra los disidentes, a quienes ayer les cerraron todas las vías legales, obligándolos a empuñar las armas para defender sus vidas, familias y bienes, y  hoy han tenido el valor de dejarlas, para luchar solo con la fuerza de las palabras. Ese desafecto con el proceso y con los acuerdos de paz de una parte de las élites, ha sido calificado por los medios de comunicación, los partidos políticos y hasta por el presidente Santos como una “polarización” de la sociedad. Esa apreciación es falsa. No es cierto que en Colombia exista hoy una polarización. Aquí no hay dos bandos que se quieran matar. Lo que sucede es que la facción de las élites desafecta a la paz, a base de mentiras, consejas y falacias —que algunos llaman posverdad o verdad líquida—, radicaliza sus posiciones para dividir la sociedad  y obtener réditos políticos: volver “trizas” los acuerdos de paz si llega al poder en 2018, es apenas un ejemplo de sus posiciones radicales.

Ahora bien, esa posición radical, partidaria de la guerra, no es de hoy. Obedece a la negación secular de la historia. Desde cuando Andrés Pastrana inició conversaciones con las Farc, el entonces candidato presidencial, Álvaro Uribe Vélez, negó la existencia de un conflicto armado en Colombia: “Aquí lo que hay es una democracia amenazada por una banda narcoterrorista”, dijo. Desde entonces no ha cambiado su discurso. Con esa narrativa ha arrastrado a una parte significativa de colombianos. ¿Por qué no acepta la realidad? Porque no le conviene políticamente.

A esa conclusión llegó el Alto Comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, quien nos cuenta que una vez que en el plebiscito de octubre de 2016 ganó el “No”, se encerraron durante toda una semana a estudiar las sesenta modificaciones, que esa facción radical quería introducirle a los acuerdos de paz. Que de esos 60 puntos formulados por los voceros del “No”, el Gobierno aceptó 58. Su testimonio final no deja duda: “En un momento dado estuvimos a centímetros de lograr un acuerdo con el expresidente Álvaro Uribe y su sector”. ¿Por qué no se logró? Según Jaramillo, porque si Uribe acepta el acuerdo sería darle la victoria plena a Santos, perdiendo el líder del Centro Democrático un capital político demasiado alto, que le haría falta en  las elecciones de 2018.

 

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