Por Rafael Ballén

Como estaba previsto, el lunes 19 de diciembre comenzó en el Congreso el trámite para convertir en leyes los textos del Acuerdo Final, suscrito entre el presidente Santos y las Farc. Encabezó ese paquete legislativo el proyecto de ley de amnistía. Tres características marcan ese debate: el estreno del fast track o trámite rápido, el respaldo arrollador y la presencia de los miembros del partido “Voces de Paz”. El estreno de la novísima institución de velocidad en el trámite no dejó duda alguna: después de cinco horas de debate, el proyecto estaba aprobado. El respaldo mayoritario fue contundente: en el Senado 15 votos a favor y 0 en contra. En la Cámara la ecuación fue de 30-0, en el mismo sentido. Los legisladores uribistas se marginaron de la votación.

Pero el hecho circunstancial de las mayorías imponiéndose sobre las minorías no fue lo más importante: no es la primera vez que ocurre. El hecho político inédito en la historia del derecho público colombiano, lo constituye la presencia de seis personas particulares en las curules del Congreso de la República, con derecho a voz pero no a voto: Jairo Estrada, Pablo Cruz, Judith Maldonado, Imelda Daza, Jairo Rivera y Francisco Tolosa. Se trata de los seis dirigentes del partido “Voces de Paz”, que hacen el papel de defensores de los textos del Acuerdo Final. La más carismática y veterana de los seis, Imelda Daza, dijo en su primera intervención: “Sobre el odio nada es posible construir”.

Por lo que se observó en el trámite del primer proyecto del gran paquete legislativo relacionado con la Paz –la ley de amnistía–, hay una señal inequívoca de que el bloque de normas no tendrán la más mínima dificultad de ser expedidas. El problema puede estar en la materialización de esas normas y en la seguridad de sus destinatarios. De nada sirve que a los guerrilleros se les extinga la acción penal, si de manera simultánea se les extingue su vida, como ocurrió en tiempos ominosos. Ese será el primer reto del Estado y de la sociedad: protegerles la vida a quienes han dejado las armas, para hacer política sólo con la fuerza de la palabra. De ahí la importancia de lograr que el gobierno que reemplace a Santos se comprometa con la Paz. En otras palabras, que tenga el propósito de desarrollar y hacer realidad el Acuerdo Final, que el Presidente y el actual Congreso, seguramente dejarán convertido en leyes.

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