Por: Harol Martínez

Cuando el presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño estamparon su firma en el teatro Colón, millones de colombianos vimos la luz después de 50 años de guerrasin sentido. En los acuerdos quedó establecido que las víctimas eran el eje principal de la negociación y que el país debería conocer la verdad de lo que paso en el conflicto entre las FARC EP y el estado colombiano. Hasta ahí todo perfecto, la JEP (Justicia Especial de Paz) sería la responsable de impartir Justicia para todos los actores del conflicto; ese día bombos y platillos, abrazos, fotos, algarabía plena en el Teatro Colón, lo que nadie esperaba era que muchos de los personajes invitados a tan magno acontecimiento y que sonreían, eran los que días o meses posteriores buscarían a toda costa destruir la columna vertebral de los acuerdos.

Si uno mira los hechos, parece un plan quirúrgicamente orquestado por los enemigos del proceso, pues el fin del sueño de una paz real y de una verdad completa se comenzaron a desvanecer desde hace varios meses cuando se presentaron demandas ante la Corte constitucional contra el fast track, estas fueron aceptadas y además mediante fallos de la misma corte se tumbaron dos numerales claves del acto legislativo, el H y J, lo que permitió en esencia modificaciones durante su paso por el Congreso de la República, en contravía de lo acordado por el gobierno y la guerrilla. Al no permitir la votación en bloque de todo el articulado los enemigos del proceso pusieron palos en la rueda a cada artículo, logrando por ese medio modificar a su conveniencia lo acordado, se propusieron alargar cuanto más pudieron la aprobación de la JEP mientras ellos hacían un cabildeo silencioso, ganando más simpatizantes en contra de los puntos que perjudicaban sus intereses. “La tarea” y hay que reconocerlo, fue planeada por un ajedrecista, cada movimiento que daban estaba calculado, no dejaron nada al azar y contaron con un aliado excepcional que se hizo elegir bajo las banderas de salvaguardar los acuerdos y terminó demostrando que era un enemigo escondido de ellos, el Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez.

Lo que pasó la semana anterior, es el epílogo de la “crónica de una muerte anunciada”; después de atravesar ese tortuoso camino por el congreso donde le colgaron micos, donde vivió la operación tortuga y el saboteo en la votación, sufrió los golpes más devastadores. A la ya maltrecha JEP la corte Constitucional mediante un fallo en contra de las víctimas, decide que los terceros civiles o agentes del estado no combatientes involucrados en el conflicto, no están obligados a comparecer ante ella y que deben ser juzgados por su juez natural, es decir (justicia ordinaria); ¿ustedes creen que un empresario, ganadero, entre otros, va a ir a declarar que patrocinó grupos al margen de la ley?, los jueces naturales(justicia ordinaria) de los terceros civiles y agentes del estado no combatientes a la fecha tienen más de 15.000 compulsas de copia sobre paramilitarismo y responsabilidades de civiles derivadas de la jurisdicción de Justicia y Paz que nunca han sido procesados; ¿quién garantiza que esa situación vaya a cambiar en un país con una justicia donde se paga por archivar y dilatar procesos como lo estamos viendo con el cartel de la Toga?

La corte Constitucional además de ese premio a la impunidad, aumentó el número de “intocables” al extender el fuero a todos los aforados constitucionales establecidos…con esto quedaron liberados de responder por su participación en el conflicto ante la JEP congresistas, ministros, fiscales, procuradores y gobernadores. Esto tiene nombres propios y está dirigido a proteger a esos personajes siniestros de la política Nacional que antes, durante o después de su gestión han llenado de sangre y dolor nuestro país.

Por último, la Corte Constitucional limitó la participación de jueces extranjeros (amicus curiae) a aportar su conocimiento más no podrán en ningún caso participar en los fallos que la JEP emita. Si nuestra justicia (jueces) fueran garantía de emitir sus sentencias de forma idónea y transparente creo que ese punto no debería generar controversia, ¿pero quién en Colombia cree en una justicia politizada desde el Fiscal en adelante?…los jueces extranjeros dan la tranquilidad de imparcialidad y transparencia, un ejemplo palpable lo que sucede ahora en Guatemala y la Comisión Internacional Contra la impunidad en ese país.

La Corte Constitucional se limitó a habilitar la participación política de las FARC EP, aplaudible, pues de eso se trata el acuerdo, pero a su vez abrió un gran boquete a la impunidad, sacrificando de paso las víctimas y la verdad.

Como si esto fuera poco, el congreso de la República sacó de la manga un conejazo por no llamarlo ORANGUTAN y en una alianza entre los partidos Cambió Radical, Centro Democrático, Conservadores y Liberales prohíben que a la JEP lleguen magistrados cuya procedencia sea organizaciones de derechos humanos; dejando en evidencia el sesgo que se maneja en el congreso.

La JEP está herida, lo preocupante es la desconfianza que esto genera en los grupos que en este momento adelantan negociaciones de Paz con el gobierno como el ELN o los que han buscado acercamientos como la Bacrim (clan del Golfo), es muy difícil para un país generar confianza en su adversarios cuando se cambian las reglas a mitad del partido…siempre se vendió la idea que las víctimas eran el centro de la negociación pero al final terminaron junto con la verdad siendo las perdedoras.

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